Aquí os dejamos un artículo escrito por Brian Ventura, abogado de profesión y voluntario del grupo WWF-Barcelona, en el que se  aborda la práctica de fracking y su regulación legal:

El fracking, o fractura hidráulica en nuestro país, es una técnica de extracción no convencional de yacimientos de gas natural y petróleo. Esta técnica permite operar en rocas que solo necesitan dos de las cinco condiciones que hacen óptimo la extracción de gas y petróleo.  Su procedimiento se realiza de la siguiente manera: Se lleva a cabo una perforación vertical en el terreno prospectado, realizando cientos de pozos ocupando amplias áreas, donde se introducen unas tuberías a gran profundidad para llegar a la zona que nos interesa para explotar la materia acumulada en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias de materia orgánica generalmente arcillosas o margosas, los llamados shale (mal traducido en ocasiones como “pizarras”).

 El objetivo es crear permeabilidad para conseguir que se  fracture la roca, consiguiendo así una vía de salida. El medio utilizado es la inyección de agua (15.000-30.000 m3) a gran presión, que consigue ensanchar las grietas existentes o crear nuevas, y al mismo tiempo para que se mantengan y no se cierren se inyecta también arenas, y un 1% de compuestos químicos ácidos y otras sustancias que son realmente tóxicas y posiblemente cancerígenas.

Además de todos las consecuencias medioambientales que comentaremos con posterioridad, el problema jurídico radica en que estamos ante una patente, que la Ley americana (hablamos de Estados Unidos, ya que es el país donde este procedimiento se práctica con normalidad) protege bajo cláusulas de confidencialidad que garantiza la privacidad, y de esta manera queda protegido en este caso las sustancias químicas empleadas.

Sobre la problemática medioambiental, podemos hacer un primer inciso. Lo que vamos a comentar ahora es solo la punta de un icerberg del problema que puede acarrear esta técnica no convencional, debido a que el estudio de las consecuencias no es paralelo al de la práctica y, por tanto, los resultados los sabremos con posterioridad, muy posiblemente cuando se de un desastre ecológico que se podría haber evitado.

En relación con el agua, como hemos comentado con anterioridad, en el proceso del fracking se utilizan grandes magnitudes (15.000-30.000 m3) por cada pozo de extracción. Además, por ahora no es posible la utilización de agua salada, (ya que podría deteriorar la infraestructura de extracción haciendo más posible aún la contaminación de los acuíferos subterráneos). Por este motivo actualmente sólo se utiliza agua dulce, hecho que es muy negativo dado el descenso considerable y notorio de los recursos hídricos del planeta. Además tenemos la posibilidad de que un porcentaje considerable del fluido de fracturación inyectado se mantenga bajo tierra con todas la sustancias utilizadas en la fractura. El resto de agua se recupera y vuelve a la superficie. Este agua de retorno se mantiene en grandes estanques, pero sin una adecuada regulación muy posiblemente estos se verterán directamente al medio ambiente.

 Otras consecuencias de la práctica del fracking son la posibilidad de sismicidad por la reinyección de las aguas residuales; las emisiones de gases de efecto invernadero  (antorchas de gases que queman durante toda la noche); degradación severa del paisaje visible y no visible: pensemos que cada pozo de perforación son como raíces, que se bifurcan en el subsuelo, es decir, la ocupación del subsuelo es mayor que lo que se ve superficie. La ocupación en la superficie para construir toda la estructura de extracción tiene una superficie aproximadamente de un campo de fútbol. Otro problema proviene de la contaminación acústica, debido a la logística necesaria para trasladar lo extraído, por ejemplo por el paso continuo de camiones que afectan de manera muy negativa  a las poblaciones cercanas. El cálculo estimado es que con la practica del fracking se afecta el terreno dejando marcas visibles de degradación que perduran a lo largo de 25-30 años. Si vemos las estadísticas actuales en EEUU, 1 millón de pozos (35.000 al año) vemos que la afectación es muy considerable.

Desde un punto de vista más jurídico, partimos de la idea que el suelo como criterio general es un bien demanial, es decir, de dominio público, tal y como indica la Constitución Española en su art. 132, al reseñar lo siguiente:

  1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
  2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
  3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

 De esta manera es la Administración Pública la encargada en la mayoría de casos de dar luz verde a los posibles proyectos de fracking en nuestro país. Actualmente no contamos con una legislación especifica de ámbito comunitario por lo que al fracking se refiere. No obstante, varios países de la Unión Europea ya se han posicionado en contra, aunque no por ello debemos aplaudirles, ya que por ejemplo en el caso de Francia parece ser que su prohibición se debe a un tema claramente económico y político, debido al lobby nuclear así como por un pacto de suministro de gas con Rusia.

 Por lo que hace referencia a nuestro país parece que el gobierno ha abierto la puerta al incluirlo como modificación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y como modificación a Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

De manera que se añade en la primera (Ley 1/2008) un nuevo párrafo  al anexo I, Grupo 2, del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, con la siguiente redacción:

    «e)  Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.»

Y por lo que hace a la segunda (Ley 34/1998) Se añade un apartado 5 en el artículo 9 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con la siguiente redacción:

  1. 5. En el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el marco de los títulos señalados en este artículo podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de sondeos verticales o desviados con eventual aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica, la estimulación de pozo así como técnicas de recuperación secundaria y aquéllos otros métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto.»

No obstante parece ser que algunas CCAA se han opuesto a la técnica del fracking. Veremos en los próximos meses como queda finalmente la cuestión. En el caso de Cataluña, aunque como indican los profesionales que la solicitud de un permiso de investigación no es sinónimo de actuación, es evidente que la búsqueda de ese permiso tiene un objetivo claro, ya que si el yacimiento es apto para la realización de fracking se realizará.

Parece también que desde los gobiernos se hace una llamada para la regulación comunitaria, pero como hemos dicho se habla de regulación, no de prohibición, con lo que suponemos que esta regulación no se centraría en si se debe practicar o no, si no más bien en limitar su práctica y poner límites en cierto modo a las cláusulas de confidencialidad que hemos comentado con anterioridad.

La conclusión de todo ello es clara: el trilema energético, Energy Security, Social Equity, Enviroment Impact. Parece que en EE.UU, se transforma en un dilema, donde la ecología queda totalmente excluida.

 Materiales Consultados.

–  Conferencia. Espacio Ambiental: ‘Una aproximación al fracking y a su régimen jurídico, realizada en el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. a manos del Dr. Mariano Marzo, catedrático de Estratigrafía y profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona

–  http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pd

Legislación Utilizada.

–  Constitución Española, 1978.

–  Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos

–  ley 34/1998 de 7 de octubre del sector de hidrocarburos

Brian Ventura Jiménez – Abogado (http://brianventura.es/?p=73)